Estoy extremadamente preocupado por la deslegitimación de Roe v. Wade y lo que esto significa para las personas con discapacidades. Me preocupan cosas como que se elimine el acceso a los anticonceptivos, pero, especialmente, que la atención de salud se vuelva aún más difícil de navegar para las personas con cuerpos y mentes con discapacidades.

A veces me pregunto si otras personas ven una conexión entre el control de los cuerpos femeninos y el movimiento eugenésico de principios del siglo XX, el cual buscó prevenir la contaminación de la blanquitud y la identidad blanca al esterilizar a las personas negras, las personas con discapacidades, los indígenas estadounidenses y las personas pobres. La Suprema Corte incluso opinó sobre un caso llamado Buck v. Bell, en el cual un juez escribió en su opinión que “tres generaciones de imbéciles son suficientes” y ratificó el programa de esterilización del estado de Virginia con un voto de ocho a uno. El caso nunca se ha anulado y la mayoría de los estados[1] aún tiene derecho legal a esterilizar a las personas con discapacidades debido a las leyes de tutela. Algunas personas podrían no considerar esto un problema, pero ¿dónde marcamos el límite?

Siempre que una persona pierde la capacidad de tomar decisiones sobre su cuerpo, debemos volver a examinar las normas culturales que mantienen establecida dicha ley. Es realmente importante entender las actitudes y percepciones dominantes que rodean a la persona afectada. Después de todo, estas reglas las escriben miembros de una clase no afectada a quienes se les ha otorgado la autoridad de tomar decisiones. No es difícil imaginar que una persona que se está enfrentando a la esterilización se oponga a esta; ¿pero se le dio alguna vez la oportunidad de dar su opinión? ¿Se trató de obtener sus opiniones?

Tengo este pensamiento persistente de que toda esta indignación por la decisión de la Suprema Corte con respecto a Roe v. Wade está llegando a un punto culminante porque está afectando la autonomía corporal de las mujeres blancas, cuando las personas de color, las personas con discapacidades y las personas de bajos ingresos han tenido que lidiar durante décadas con el atropellamiento de su autonomía. Nos han considerado ciudadanos de segunda clase durante todas nuestras vidas y si esta distinción no afectaba directamente a alguien, no era un problema que llamara su atención.

Sin embargo, hay un cambio de enfoque entre las personas jóvenes de ver todos los distintos problemas sociales de nuestros tiempos como algo interconectado y comparten una meta en común de elevar a muchas personas de las circunstancias que, históricamente, solo han acarreado una discriminación arraigada. Mi corazón está lleno de esperanza de que podamos entrelazar estos problemas de justicia social en un movimiento fuerte, furioso y determinado, donde las personas reconocerán que la justicia para las personas con discapacidades es equivalente a la justicia reproductiva, la cual es la misma que la justicia racial y la justicia trans. Quiero que las personas sientan la misma rabia que yo siento por la esterilización de las personas con discapacidades como lo sienten por Roe v. Wade. Insto a las personas a que lean más acerca de las experiencias de las personas que no tienen el mismo aspecto que ellas o los mismos antecedentes para poder ampliar su comprensión de lo represiva que la Suprema Corte está siendo contra las poblaciones minoritarias. Invito a que liberen su furia por las formas en que hemos tratado a nuestros ciudadanos más vulnerables y que actuemos con urgencia al preguntarnos por qué seguimos haciéndolo. Y, por último, quiero que las personas vean la interconexión de todas nuestras experiencias y que pongan sus esfuerzos en elevar a su nivel a las personas que han sido vigiladas y controladas tradicionalmente. Si todos trabajamos juntos para hacer que la vida sea mejor para la mayoría de los miembros marginados de nuestra sociedad, beneficiamos a todos.

[1] De acuerdo con el informe “Forced Sterilization of Disabled People in the United States” (2021) (Esterilización forzada de las personas con discapacidades en los Estados Unidos) del Centro Nacional de Leyes para la Mujer, 31 estados permiten la esterilización forzada de personas con discapacidades, incluidos Oregon, Washington, California, Nevada, Idaho, Utah, Wyoming, Colorado, Kansas, Dakota del Norte, Minnesota, Iowa, Illinois, Arkansas, Indiana, Michigan, Kentucky, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Virginia, Pennsylvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire, Maine, Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Hawái y Washington, DC.

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